EL SALVADOR.- ¿Qué “poder” trata de ocultarse con el asesinato de Christian Poveda?

La comunidad internacional y nacional ha sido conmovida con el asesinato del periodista francés Christian Poveda. ¿A qué o a quienes investigaba este agudo periodista? ¿Sería la continuidad de “la vida loca” de las pandillas o estaría tras quienes desde la sombra halan los hilos de tales redes criminales?

Poveda durante la década de los años 80´s, formó parte de los contingentes de corresponsales de guerra que cubrieron las noticias y documentaron los combates militares entre las fuerzas del END-FMLN y del ejército salvadoreño (FAES). Después de la firma de los Acuerdos de Paz (16 de enero de 1992), Poveda se interesó en los complejos problemas de la post-guerra y decidió investigar el fenómeno concerniente a los violentos grupos de antisociales autodenominados “las maras”.

Al respecto, los salvadoreños conocemos cuales son las zonas urbanas en donde viven los pandilleros, sabemos como identificarlos y a que se dedican.

Sabemos que viven en colonias populosas y barrios marginales; siempre se manejan en grupos que “famélicamente” deambulan en lo que ellos llaman “sus territorios”, se dedican a los robos, extorsiones, sicariato, venta y consumo de drogas, etc. Pero, lo que no conocemos a plenitud son a aquellos que verdaderamente se enriquecen por el accionar de las pandillas. Son cientos de millones de dólares las “utilidades” que se generan como un efecto colateral del miedo y terror social.

La inseguridad pública se convirtió en una actividad industrial de alta rentabilidad, son más de 60 mil efectivos con que cuentan las empresas de “Seguridad Privada” que se fomentaron durante los 20 años del gobierno del partido del crimen organizado (ARENA). Para el caso, recordemos el recientemente asesinado de su dirigente Adolfo “El chele” Torres, quien, con su empresa de “seguridad” SERCONSE estafó al Estado con $1.4 millones en evasión fiscal, 461 empleos ficticios en el Seguro Social y brindaba una supuesta seguridad a las instituciones gubernamentales tales como ANDA, Fiscalía, Ministerio de Obras Públicas y de Gobernación, etc. También, era propietario de un ejército privado de más de 3 mil “soldados” con dotaciones de escopetas, pistolas, revólveres, subametralladoras, fusiles M-16 y AR-15, vehículos blindados, tecnología digital para seguridad y monitoreo de comunicaciones, etc.

La “industria de la inseguridad” generó “estabilidad” comercial para los empresarios como los ex-directores de la PNC (Rodrigo Ávila, Meneses y Mauricio Sandoval), que son propietarios de agencias de seguridad privada. Y, Rodrigo Ávila es de los más fuertes importadores y distribuidores de armas que son “protegidos” por los diputados de la “honorable” Asamblea Legislativa, que son los que no quieren aprobar la ley que prohíba la importación de armas y comercialización de las mismas.

Todos los comerciantes de armas legalmente autorizados dentro del país han convertido su criminal mercancía en “fetiches” que venden a los ingenuos que  piensan que con tener una pistola o un fusil, sus vidas no correrán peligro alguno. Los únicos que deben de tener armas son la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército salvadoreño (FAES), ya son instituciones que tienen bien definidas sus finalidades constitucionales.

Los terroristas mediáticos (Diario de Hoy, Prensa Gráfica, El Mundo, Más, ASDER y los de la TCS), tratan de vendernos la idea que toda la “inseguridad” que vivimos los salvadoreños se debe a que en las cárceles y los centros penitenciarios no hay capacidad para controlar el uso de los “teléfonos celulares” de los pandilleros recluidos. Tremenda falacia la de estos mediáticos.

Lo que no dicen es que todos los crímenes, secuestros y extorsiones se cometen en las calles; tampoco, nos dicen que la estrategia del accionar de las pandillas juega un papel fundamental para distraer recursos del Estado y del quehacer policial ? mientras esto sucede todos los días ? los verdaderos capos del crimen organizado discuten tranquilamente sus negocios en los hoteles, restaurantes de lujo, y se recrean en paseos con yates de lujo anclados en la Costa del Sol y en las barras show.

No existe duda alguna que los diputados son responsables directos de los índices de criminalidad que atentan contra los Derechos Humanos de todos los salvadoreños. ¿Por qué a los diputados derechistas les preocupa que se elija un Fiscal General capaz y honesto? ¿Será por la razón que dejarán de perder las “jugosas comisiones” que les pagan por sus “favores” los empresarios ligados al crimen organizado? También, es de sobra conocido que durante los 20 años de gobiernos del partido ARENA, se han capturado varios diputados narcotraficantes y lavadores (Eliú Martínez, Sorto, Silva, los tres “chicharrones” del PARLACEN, etc.).

No bastándoles a los partidos del crimen organizado tanto daño que le está ocasionando al pueblo salvadoreño, en función de mantener sus estructuras de poder, se han dado a la tarea de tratar de desestabilizar al gobierno de Mauricio Funes y del FMLN. El diputado Orlando Arévalo y el partido ARENA pagan la cantidad de $ 6.00 por día de desestabilización a los expatrulleros para que se tomen las carreteras exigiendo las semillas que el Ministerio de Agricultura distribuye a los campesinos pobres que no tienen el dinero para la compra de tales insumos agrícolas.

Otra agravante en la estrategia de desestabilización y generación de un estado fallido, se refiere a las fuertes presunciones que los ataques contra los activistas que se oponen a las minerías en San Isidro- Cabañas, fueron ordenados por los narcotraficantes que están lavando dinero a través de la Pacific Rim Mining Corporation.

En San Isidro los defensores del medioambiente se han convertido en el principal obstáculo para la expansión de este criminal negocio que impulsa esta mercenaria industria.

El repugnante asesinato del periodista Christian Poveda es un llamado de atención para el nuevo gobierno. Mauricio Funes debería impulsar un decreto para la imposición de un “Estado de Emergencia Nacional”, dotar de los recursos financieros y materiales a la Fuerza Armadapara que esta se dedique al combate frontal de las pandillas; mientras tanto, se acelere la depuración de la PCN y que sus unidades especializadas se dediquen a tiempo completo a la investigación especializada para el combate y captura de los “honorables” empresarios que forman parte de las estructuras del crimen organizado.

Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que exija a los diputados que elijan al Fiscal General y que estudie la urgente necesidad de buscar el DESAFUERO de los diputados que es lo que les permite actuar con cinismo e impunidad.

Movimiento de Veteranos de Guerra del Ejercito Nacional para la Democracia

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